El Tribunal Supremo ha dictaminado a favor de la demanda presentada por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), que impugnó el Reglamento de la Ley de Familias Numerosas por considerar que éste era contrario a la Ley que desarrollaba, en parte de su articulado.

Uno de los recortes más evidentes y “sangrantes” que motivó la demanda, era el relativo a las bonificaciones en materia de transporte por carretera y por ferrocarril, donde el Reglamento establecía que no eran acumulables, cuando la ley específicamente indica lo contrario, que “tienen la naturaleza de mínimos y serán compatibles o acumulables con cualesquiera otros que, por cualquier causa, disfruten los miembros de las familias numerosas”. De esta forma, las empresas que prestan servicio de transporte terrestre de viajeros, tendrán la obligación de sumar al descuento que le corresponda a una familia numerosa, cualquier otro descuento que beneficie al resto de ciudadanos, ya que, de lo contrario, podrán ser demandadas por incumplimiento de la ley.

 

Materia educativa

 

En materia educativa, el Supremo también ha declarado nulo un inciso del punto 2 del artículo 7 del Reglamento de Familias Numerosas, que, al establecer el derecho de preferencia de estas familias en el acceso a becas y ayudas, especificaba “destinadas a alumnos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos”. El TS considera que “no procede hacer distinción de acuerdo a la titularidad de los centros, para aplicar el derecho de preferencia establecido en la Ley”, sino que debe entenderse de aplicación en todos los centros educativos (públicos, privados y concertados).

 

Nos encontramos ante una sentencia que puede calificarse de histórica, ya que el TS viene a restablecer nuestros derechos que habían sido reconocidos por la Ley de Familias Numerosas  de 2003 y que, sin embargo, el Reglamento de la Ley, aprobado dos años más tarde para desarrollar la norma, recortaba en varios aspectos. Se trata una sentencia que sienta un precedente y será un referente muy claro en otros recursos administrativos que puedan plantearse.